Las oportunidades de alianzas público-privadas propuestas por la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son bajas a pesar del interés del sector privado, según un experto.
«Hay una lista bastante pobre. Las APP murieron con la nueva administración”, dijo a BNamericas el consultor de finanzas públicas y experto en APP Ezequiel González Ruiz.
Si bien la administración de López Obrador ha otorgado varias oportunidades de asociación, 2022 ha visto la menor cantidad de procesos de licitación en los últimos años, según muestran los registros de adquisiciones.
En comparación con las últimas tres administraciones, el gobierno actual tiene la cartera más pequeña, dijo González, quien dirige EZEGR Consultores y asesora a empresas del sector público.
Las APP se introdujeron en México durante la administración de Vicente Fox (2001-07), pero según González, el gobierno actual no ha hecho lo suficiente para disipar los conceptos erróneos sobre la supuesta privatización de activos.
«Han pasado veintiún años y hoy no podemos crecer [PPPs] y creo que desperdiciamos 20 años discutiendo cosas”, dijo.
Consultado sobre cuál es el principal obstáculo para evitar más APP en el país, el experto dijo que “falta una explicación más clara de los beneficios de las APP”.
PORTAFOLIO
El auge de las sociedades bajo la actual administración se dio en 2021 luego de que el gobierno revelara el primer y segundo paquete del Plan Nacional de Infraestructura 2020-24, que incluía APP con una inversión privada mínima del 50%.
El primer paquete incluyó 39 proyectos y el segundo paquete incluyó 29 más, lo que implica una inversión conjunta total de 526 mil millones de pesos (US$25,7 mil millones). Algunos de los proyectos ya han ganado un premio, mientras que otros no han sido renovados ni anunciados para la competencia.
Un ejemplo de una APP estancada es el enlace ferroviario del aeropuerto García-Monterrey de 25 mil millones de pesos en el estado de Nuevo León, que se incluyó en el primer paquete. También están la ampliación y modernización del Puerto de Progreso en el estado de Yucatán por 4,000 millones de pesos, el Viaducto Elevado de Zaragoza en la Ciudad de México por 8,000 millones de pesos y el tren Ciudad de México-Querétaro por más de 50,000 millones de pesos, entre otros.
“El error que se comete hoy es intentar volver a la obra pública tradicional con sobrecostos y falta de experiencia operativa. Lo que debe hacer el gobierno es administrar y dejar que los expertos hagan el trabajo en lugar de tratar de hacer todo solo”, dijo González.
El sector privado ha estado esperando el tercer paquete del plan, que, aunque los líderes del sector privado dijeron que estaba listo, sigue en suspenso a instancias de López Obrador.
Sin embargo, las oportunidades de APP pueden provenir de cualquier nivel de gobierno, siempre que el estado o municipio cuente con una ley o reglamento para implementarlas. Por ejemplo, el estado de Jalisco firmó el mes pasado un acuerdo de asociación público-privada para diseñar, planificar, construir, equipar y operar la línea de 21 mil millones de pesos del sistema de tren ligero en la ciudad de Guadalajara.
“Los proyectos deben madurar, las obras deben tener un papel fundamental y de alguna manera. [the government] lo hace, pero no lo suficientemente fuerte», dijo González.
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