El PSOE acordó una propuesta de ley de amnistía en la que se incluyen a los partidos independentistas y nacionalistas. Esta propuesta busca borrar la responsabilidad de los actos relacionados con la consulta en Cataluña en 2014 y el referéndum de 2017, ambos declarados inconstitucionales.
Se estima que se beneficiarán un total de 309 acusados y 73 agentes policiales. Entre los beneficiados se incluyen líderes independentistas, directores de colegios que permitieron la instalación de urnas, y personas encausadas por participar en acciones relacionadas con el proceso independentista. También se refiere al caso del expresidente de la Generalitat que se refugió en Bélgica.
Sin embargo, la Unión Europea ha advertido que actuará de forma implacable si se modifica el poder político de las decisiones judiciales. A pesar de esto, la amnistía se presenta como un mecanismo para abordar conflictos políticos y sociales arraigados.
Aquellas personas que deseen beneficiarse de esta amnistía deberán solicitarlo en un plazo máximo de cinco años. Los actos amnistiados incluyen la promoción de la secesión, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. La propuesta establece que se eliminarán los antecedentes penales y se pondrá en libertad a los presos.
Es importante destacar que el concepto de lawfare y las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales no se mencionan de forma explícita en la propuesta de ley.
El registro de esta propuesta de ley en el Congreso fue realizado únicamente con la firma del PSOE. El ministro de la Presidencia asegura que la ley es impecable desde el punto de vista constitucional y busca cerrar heridas y mejorar la convivencia.
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