CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Un referéndum que permitió a los mexicanos votar en el ínterin sobre si el presidente debería permanecer en el cargo se ha convertido en un extraño fútbol político que envuelve a los tres poderes del gobierno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se complació en anunciar el lunes que sus seguidores habían recolectado 10 millones de firmas a favor del referéndum, varias veces más de lo que exige la ley, lo que podría poner en peligro su futuro.
Es extraño porque no hay razones obvias para celebrar un referéndum y la constitución no lo exige. López Obrador recibió una calificación positiva de dos tercios de los encuestados և indudablemente ganaría la votación en la segunda mitad de su mandato de seis años.
Pero el estilo político del presidente consiste en una campaña constante. Ha estado en una campaña implacable desde 2005 hasta 2018, lo disfruta. Entonces exige un referéndum, que costará unos 200 millones de dólares, y las autoridades electorales dicen que no tienen suficiente dinero.
El tema ha llegado a la Corte Suprema, que ha obligado al Instituto Nacional Electoral a realizar el referéndum del 10 de abril.
Y algunos miembros del Congreso, dominados por el partido del presidente Morena, han reflexionado sobre cargos penales, principalmente acusando a los funcionarios electorales de bloquear la democracia.
El presidente ahora da por resueltas las firmas de su mano, como si quisiera que se retirara la denuncia penal.
«Que decida el pueblo, que sea el pueblo», dijo López Obrador. «Acabemos con las denuncias y acusaciones y organicemos ya».
El opositor Partido Acción Nacional calificó el referéndum como «un teatro político inconstitucional muy caro» y dijo que el dinero se gastaría mejor en crear empleos, reactivar la economía afectada por la epidemia y aliviar la pobreza.
Patricio Morelos, profesor de la Universidad Tecnológica de Monterey, dice que López Obrador quiere ir a las urnas porque esa era una de sus promesas de campaña. También servirá para activar su base política hasta las elecciones de gobernador de 2022 y las presidenciales de 2024.
El Instituto Nacional Electoral escribió en un comunicado que la denuncia penal de los congresistas fue «un atentado a nuestra autonomía mediante la intimidación».
Ya sea que el instituto sea independiente o no partidista, López Obrador a menudo ha acusado a su miembro de ser «conservador» en contra de sus políticas.
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