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El juez del «caso Negreira» ha imputado al presidente del Barcelona, Joan Laporta, por pagos ilegales realizados entre 2008 y 2010. La Fiscalía Anticorrupción había excluido a Laporta de la denuncia al considerar que los hechos ya habían prescrito, pero el juez discrepa de este criterio.
El juez considera que los pagos constituyen un delito de cohecho continuado y que no han prescrito debido a que la conducta delictiva cesó en julio de 2018. Además, este delito se atribuye a todos los presidentes del Barcelona, ya que el club siempre fue la parte «pagadora».
Además de Laporta, el juez también ha imputado a los miembros de la junta directiva de Laporta y a los dos expresidentes del club, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Los hechos imputables a Negreira y su hijo alcanzan hasta junio de 2003.
Aunque no se han encontrado indicios de que los pagos hayan favorecido al Barcelona a través del arbitraje, el juez considera que beneficiaron al club en detrimento de otros equipos de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey.
El club y los directivos investigados han recurrido la imputación por cohecho, argumentando que Negreira no puede ser considerado funcionario. No obstante, el caso también incluye otros delitos como corrupción deportiva, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Además, se atribuye a los investigados el delito de falsedad contable.
El Barcelona ha admitido que el «caso Negreira» no está ayudando económicamente al club, aunque no prevén un impacto negativo en sus relaciones con los inversores.
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