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El Gobierno prepara una prórroga parcial de las medidas del escudo social para hacer frente a la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania. El paquete de medidas, que expira el 31 de diciembre, incluye reducciones de impuestos energéticos, ayudas al transporte y medidas específicas para sectores afectados.
Se espera que la prórroga sea aprobada en el Consejo de Ministros que se celebrará el miércoles. El Gobierno todavía está discutiendo qué medidas se incluirán en el decreto ley y en qué medida se mantendrán. Se está considerando mantener las ayudas al transporte público y algunas reducciones de impuestos energéticos que afectan directamente a los precios.
Eliminar las reducciones de impuestos supondría un aumento en la factura de la electricidad. El diseño de las medidas está siendo debatido por las vicepresidentas del Gobierno y el presidente Pedro Sánchez tomará las decisiones definitivas. Se espera que se mantengan las medidas sin coste fiscal, como los procedimientos antidesahucio y la ampliación del bono social eléctrico.
Una de las novedades es que el transporte público será gratuito para menores, jóvenes y desempleados. Sin embargo, se prevé una reducción en las ayudas sectoriales, como las bonificaciones al combustible para transportistas y agricultores. Existe un debate sobre las reducciones de impuestos a la energía debido a su coste fiscal y su impacto en la inflación.
Podría mantenerse la reducción del IVA en la electricidad y el gas, pero se restablecería el impuesto a la producción eléctrica. Además, se consideran propuestas como la congelación del precio de la bombona de butano y la disminución del IVA en alimentos básicos.
El Gobierno ya ha implementado ocho paquetes de medidas para contrarrestar los efectos de la crisis de precios. Sin embargo, el margen presupuestario es estrecho debido a la desaceleración económica y a las reglas de gasto en Europa. Se espera que el déficit público disminuya el próximo año con la retirada de las medidas anticrisis. Sin embargo, el Gobierno confía en la recaudación del impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales, pero el margen es limitado para aumentar las partidas presupuestarias y cumplir con la disciplina presupuestaria.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos verán aumentar sus ingresos, pero el presupuesto requerirá una ejecución ajustada. Algunas fuentes del Gobierno consideran posible reducir el déficit, mientras que otras lo ven como un desafío en un entorno de desaceleración económica y la necesidad de invertir en el envejecimiento de la población y en inversiones verdes y digitales.
