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La Unión Europea ha logrado un acuerdo histórico al crear la primera Ley de Inteligencia Artificial a nivel mundial. Esta normativa tiene como objetivo regular y asegurar la seguridad de los sistemas de IA, así como proteger los derechos fundamentales de los usuarios tanto en el sector público como en el privado.
El proceso para llegar a este acuerdo ha sido largo. El primer borrador de la Ley de IA se presentó en 2021 y, después de numerosos debates y discusiones, los eurodiputados han logrado alcanzar un preacuerdo. Sin embargo, aún quedan algunos puntos por cerrar antes de su implementación completa.
Se espera que la ley entre en vigor en todo el territorio europeo antes de que finalice el año, pero su implementación completa no será hasta al menos 2026. Esta legislación regulará la IA en función de su capacidad para causar daño a la sociedad. Cuanto mayor sea el riesgo, más estrictas serán las normas.
La Unión Europea pretende que su ley de IA se convierta en el estándar mundial, al igual que ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Para ello, los sistemas de IA serán clasificados según su nivel de peligrosidad, desde «riesgo mínimo» hasta «riesgo inaceptable», que podría incluso llevar a su prohibición.
La ley exigirá transparencia en el uso de IA y garantizará el cumplimiento de la legislación de derechos de autor vigente en la Unión Europea. Además, se limitará el uso de sistemas de identificación biométrica en espacios públicos por parte de las autoridades policiales, excepto en casos específicos y delitos graves.
También se establecerán nuevas reglas para aumentar la transparencia y seguridad en el uso de IA de propósito general, como ChatGPT y Bard. Por último, se establecen sanciones para garantizar el cumplimiento de la ley, incluyendo multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio para empresas que hagan un mal uso de la IA.
Con este nuevo marco legal, la Unión Europea busca aprovechar los beneficios de la IA sin poner en riesgo los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Se espera que esta legislación marque un precedente a nivel mundial y sirva como ejemplo para futuras regulaciones en otros países.
